BALDEXALÓN

Vía El Mundo

Cien vecinos de La Muela pueden ser sancionados con 60.000 euros por construir en la zona de seguridad

El Ministerio de Defensa ha abierto expedientes sancionadores a un centenar de propietarios del municipio zaragozano de La Muela por edificar viviendas o naves dentro del perímetro de seguridad del oleoducto Rota-Zaragoza. Entre los afectados se encuentra la propia alcaldesa del pueblo, María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), que tiene unas naves en esa zona.

En las cartas enviadas les requiere para que, en lo que resta de mes, le entreguen la documentación sobre la construcción de los inmuebles. Los expedientes, que pueden conllevar sanciones de hasta 60.000 euros (en algún momento se llegó a hablar de derribo), afectan a los dueños de las viviendas y naves situadas a menos de 300 metros de los depósitos de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y a 15,24 metros de la tubería principal, declarada zona de seguridad en abril de 1995, cuando la infraestructura fue catalogada como instalación militar.

Buena parte de los propietarios de los edificios carecen de la cédula de fin de obra, cuya expedición no era obligatoria cuando fueron construidos, y en algunos casos la propiedad de los inmuebles no ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad, lo que dificulta que puedan probar que las casas y naves no han infringido la ley.

El portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en La Muela, Adrián Tello, ha reclamado al Ayuntamiento, presidido por María Victoria Pinilla, que aclare si ha concedido licencias o no para efectuar obras en la zona de seguridad tras la orden de 1995.

CHA ha pedido explicaciones a Defensa sobre la situación del expediente abierto por las presuntas irregularidades del centenar de edificios. «Queremos que las administraciones actúen con contundencia», señaló un portavoz. A través del diputado José Antonio Labordeta, CHA va a formular varias preguntas al Ministerio en el Congreso.

Algunas de las viviendas afectadas fueron construidas en 2002 y hay otras cuyos permisos fueron tramitados en 2004.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza comunicó a finales de 1996 al consistorio, en la resolución en la que rechazaba aprobar la revisión de las normas subsidiarias de planeamiento, que «parte del suelo del municipio» está sujeta a la «prohibición de plantar árboles y levantar construcciones o edificaciones, aún de carácter provisional o temporal», por el paso del oleoducto.