Medidas de apoyo

20071019184607-yusteariste.jpgSe olvidaron de los discapacitados del 33 al 65%

 

 

 

En el Pleno de hoy me ha tocado intervenir mucho, debatiendo sobre varios asuntos de lo más dispar: desde la pretensión de la patronal de las grandes superficies de abrir en Zaragoza todos los días festivos sin limitación el próximo verano con la excusa de la Expo hasta la petición de cese del Consejero de Agricultura por desdecirse de sus polémicas declaraciones contra la Ministra de Medio Ambiente, pasando por dos mociones-río del PP que recogían diversas propuestas sobre política industrial y sobre ganadería. Pero permitidme que destaque la proposición no de ley sobre fiscalidad y discapacidad que he defendido en nombre de CHA y que intentaba corregir un error del Gobierno al no haber tenido en cuenta la situación de las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65% al aplicar las reducciones existentes en el Impuesto de Sucesiones (mortis causa).

 

 

 

En pocas palabras, mientras en Aragón los discapacitados con un grado igual o superior al 65% tienen una reducción de este impuesto del 100%, sin ningún tipo de limitación, los del 33 al 65% no cuentan con una reducción específica y tienen que acogerse a la reducción para cónyuges y descendientes de un máximo de 125.000 euros. Es decir, sumando todas las reducciones a que tengan derecho (salvo la de pólizas de seguros de vida), no podrán superar los 125.000 euros. Dado que los discapacitados de entre el 33 y el 65% gozan de una reducción de 47.858 euros establecida en la legislación estatal del impuesto de sucesiones, eso implica que no pueden aplicarse completa esa reducción estatal a poco que asciendan el resto de reducciones. Y, en estos tiempos, una herencia de 125.000 no es precisamente desproporcionada.

 

 

 

Una ciudadana, Margarita Esteban, se dirigió hace meses a los Grupos Parlamentarios y a los medios de comunicación porque su caso era flagrante: dos hermanos, uno discapacitado y otro no, tributan lo mismo. La reducción estatal por dicapacidad de 47.858 euros queda enjugada en el límite de los 125.000 euros que establece la ley aragonesa. Evidentemente es un error o una imprevisión del legislador (en este caso, del Gobierno y su mayoría parlamentaria PSOE-PAR). Hemos propuesto corregir esa situación, para establecer una discriminación positiva a favor de las personas con discapacidad. Bastaría con darle a la reducción estatal de 47.858 euros el mismo tratamiento que a las reducciones por pólizas de seguros de vida, que no computan para alcanzar ese límite de 125.000 euros.

 

 

 

No sabemos cuántos ciudadanos estarán en este caso. Quizá sólo esta mujer o algún caso más, pero el hecho de que sean pocos no les quita razón. Lo justo sería corregir el error legislativo y hacerlo con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2006 (cuando entró en vigor esta medida tributaria que ponemos en cuestión). Eso es lo que hemos defendido esta tarde. Hemos recibido el apoyo del PP, pero los grupos que respaldan al Gobierno han votado en contra, a pesar de darnos, al menos en parte, la razón. Sinceramente, así lo he dicho durante el debate, preferiría que no me dieran la razón pero que votaran a favor. Así, al menos, podríamos resolver algunos problemas que padece la gente de este país, problemas como éste que hemos denunciado hoy.

De la blog de Chesús Yuste, CHA

 

http://chesusyuste.wordpress.com/2007/10/18/se-olvidaron-de-los-discapacitados-del-33-al-65/

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