La vida después de la Expo

El Gobierno español ha anunciado planes para secularizar la constitución y eliminar los privilegios que se han concedido únicamente a la Iglesia Católica Romana. Cuando el Gobierno español prestó juramento el pasado mes de abril, el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero decidió tomar su juramento ante el Rey con su mano sobre la constitución del país en lugar de la Biblia. Durante la campaña electoral el diario El País informó de que el Primer Ministro Zapatero se comprometió a "poner los obispos en su lugar".

La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, anuncia que el Gobierno propondrá cambios constitucionales y reformas en leyes como la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para avanzar hacia la laicidad. La vicepresidenta ha presentado al gobierno los planes de reforma constitucional que incluyen:

• la declaración oficial de España como secular
• revisión de las leyes sobre el aborto
• la creación de un nuevo plan para los derechos humanos (eliminación de privilegios de la Iglesia Católica y dar igualdad a todos los creyentes y no creyentes)
• eliminación de la legislación sobre la blasfemia
• eliminación de primogenitura monárquica (la idea de que el trono pasa primero a los hijos en orden de edad, y sólo a las hijas cuando no hay herederos varones).

Federico Trillo del Partido Popular, y miembro del Opus Dei, declaró sobre estas reformas que "el Gobierno actúa en contra de una fé, la católica". El gobierno actúa, no en contra de la iglesia en sí, sino contra el poder que la iglesia ha tenido en España (y sigue teniendo en Italia) a lo largo de varios siglos. Demetrio Fernández, obispo de Tarazona ha escrito una carta pastoral en contra de las reformas alertando a su rebaño contra la ola de ’fanátismo secular’. De la misma forma, la tesis del cardenal de Toledo y primado de España, Antonio Cañizares es que "el laicismo esencial y excluyente que se pretende imponer" intenta acabar con "el patrimonio y los principios morales que caracterizan a Occidente, sustituyéndolos por la dictadura del relativismo".

¿Es razonable que cualquier intento de desafiar la hegemonía religiosa sea visto como fanático? Supongo que es porque después de tantos años de silencio y aquiescencia, cualquier intento de hablar debe parecer fuerte y amenazador a los que se han sentido cómodos en el poder.

Esta tendencia a la secularización de la vida actual en España y en el resto de los países occidentales tiene su contrapartida en la capital aragonesa, Zaragoza, donde su alcalde Juan Alberto Belloch se sacó de la manga un Reglamento del Protocolo que incluye en el protocolo la obligación de la corporación a asistir a ceremonias religiosas, contra el que el grupo municipal de CHA presentó sin éxito una moción hace menos de un mes.

Unas decenas de personas convocadas por el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), asociación que defiende un estado donde la religión forme parte del ámbito privado de las personas, se manifestó el domingo por la mañana de forma pacífica en la plaza del Pilar, durante la procesión del Corpus Christi, para exigir que no se incluya en el protocolo esta obligación de los concejales a asistir a ceremonias religiosas ni que los símbolos religiosos presidan el salón de plenos. Las únicas formaciones políticas que no participaron en dicha procesión fueron los miembros Chunta Aragonesista así como el representante de Izquierda Unida.