
A la mayoría de los políticos se les olvida que si están en el ejercicio de su cargo no es por méritos propios, sino mediante nuestros votos. Una vez que alcanzan el poder, subidos a esa atalaya que cada vez se aleja más y más de sus electores, se siente por encima del bien y del mal, hacen uso de ese poder en beneficio propio y de su partido y consideran a los ciudadanos, como meros instrumentos con los que poder medrar.
La coalición PSOE-PAR que gobierna Aragón es el paradigma más claro de esta forma de gobernar. Cada vez más alejados de los ciudadanos, instalados en sus poltronas, rodeados de corifeos que alaban sus decisiones, y como estómagos agradecidos que son, anteponen la adulación y el conformismo, -pago obligatorio por el puesto conseguido-, a la necesaria honradez y a la constatación de que lo que se hace mal debe cambiar, gobierne quien gobierne, incluso si es quien les da de comer.
Mi Comunidad posee uno de los más privilegiados paisajes de todo el país, hablo de los Pirineos aragoneses. Hasta hace unos años, lugar idílico en el que urbanizaciones, carreteras e incluso los equipamientos de algunas de las estaciones de ski, se hacían con criterios más o menos sostenibles. Hoy día asistimos impotentes y espantados a la degradación y al imparable destrozo de este ecosistema único. En aras de una más que discutible modernización, la creación de empleos, -¿cuándo han faltado?- y la generación de riqueza a cualquier precio, nuestro Gobierno lleva años embarcado en el alicatado del Pirineo, la construcción y ampliación de las estaciones de ski y el monocultivo de la nieve como generador de riqueza y empleo. Aquí no solo se permite, sino lo que es peor se alienta esta situación. De nada han servido las quejas y requerimiento de los grupos conservacionistas, partidos políticos, entidades sociales o el mismo Parlamente Europeo. La tantas veces exigida Ley de las Montañas ha vuelto a pasar su particular Getsemaní, y como Pedro, ha vuelto a ser negada por tercera vez.
En un ejercicio de cinismo solo comparable al desprecio mostrado a los aragoneses, el Consejero de Política Territorial del G.A., el señor Rogelio Silva, ha negado una vez más y van tres, la necesidad de una Ley de las Montañas. Olvida el señor Silva el compromiso de su jefe de gobierno, el señor Iglesias, quien ya en 1999 confirmó la necesidad de un texto legal específico para el Pirineo.
Como dice el Consejero: “existe mucha normativa sobre protección de la montaña”, y a eso se agarra como excusa para negar una ley. Pero se le olvida al Consejero que la normativa actual ha demostrado no servir para nada, ya que no protege ni de lejos nuestras montañas. Es más, parece redactada para todo lo contrario, para destrozarla y llenarla de engendros varios, a ser posible de arquitectos de pedigrí, que la desvirtúan, enrejan, enladrillan y lo que es peor la destrozan a tal extremo que difícilmente podrá ser recuperada.
¿Para cuando una moratoria sobre las estaciones de ski y sus anunciadas ampliaciones?. ¿Para cuando la declaración del Parque Natural del Anayet?. ¿Asistiremos impotentes a la destrucción del último valle virgen en Castanesa?. ¿Cuándo se va a regular este sector o el de las urbanizaciones que como setas, crecen a su amparo? ¿Dejaran los ayuntamientos de utilizar el suelo como moneda de cambio ante las promesas de riquezas y empleo en los valles?.
En 2005, los aragoneses mediante una Iniciativa Legislativa Popular, con más de 30.000 firmas, así lo demandamos. Nuestras voces fueros silenciadas y despreciadas. Un año más tarde, 15.000 firmas volvieron a reclamar esa Ley, pero nuestro gobierno, en un ejercicio mayúsculo de desprecio a la voluntad popular, volvió a hacer oídos sordos a la petición.
Inmersos en este Getsemaní, y con tres negativas, tendremos que volver a recordarle al señor Iglesias su promesa. La reivindicación sigue tan viva como en 2005.
¡LEY DE PROTECCIÓN DE LA MONTAÑA ARAGONESA, YA!
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