El aprendiz de blogger

Izquierda Unida (IU) se plantea pedir la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas para investigar la posible relación del Partido Comunista de España (PCE) con un caso de supuesta financiación irregular a través de la inmobiliaria aragonesa Progea. Un hecho que ha tensado como nunca las relaciones de ambos.

En los juzgados de Zaragoza se pelea desde el 2004 por el control de este hólding, uno de los mayores de España, cuya sede social se localiza en la capital aragonesa. Las diligencias abiertas han sacado a la luz una serie de actas notariales que acreditan, tal y como ha podido comprobar este diario, la relación accionarial con el PCE. En la documentación, el propio secretario general, Francisco Frutos, ratificó por escrito que el partido era propietario de esta inmobiliaria.

Además, la Fundación de Investigaciones Marxistas (FMI) del PCE obtuvo hace dos años 4,6 millones de euros por la venta de parte de este accionariado. Un hecho que ha provocado reticencias en las filas de IU, más aún cuando poco se sabe del destino de este dinero.

Sin embargo, el Partido Comunista insiste hoy en día en no tener ya ninguna relación con Progea --fundada, entre otros, por el entonces secretario general del Partido Comunista de Aragón (PCA) José Luis Martínez y por Carlos Luján, que fue también secretario general del PCA de 1985 a 1987--, y achaca su desvinculación a un golpe de mano de IU y a la desvirtuación de los objetivos sociales por los que se creó en 1979.

Rubén Fernández, coordinador de la comisión permanente y responsable de finanzas de IU, asegura que "IU no tiene ni ha tenido ninguna vinculación con Progea". En cuanto a la documentación que tiene en sus manos EL PERIÓDICO, la mano derecha de Gaspar Llamazares añade: "No dudamos de la honorabilidad del PCE y estamos seguros de que facilitará una investigación clara y transparente en todas las instancias políticas y judiciales, incluidas la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, sobre este tema".

Progea la compone un entramado de cerca de 30 sociedades y empresas repartidas por toda España ligadas a la promoción de vivienda, tanto protegida como libre. Una firma con unos activos valorados en 90 millones de euros hace dos años.

Pero en noviembre del 2004, el actual presidente vitalicio, Carlos Luján, interpuso en el Juzgado número 3 de Zaragoza una demanda penal por un presunto delito societario contra la mayoría de sus patronos, incluidos un notario y un registrador. Un caso todavía en instrucción. Y es a partir de aquí cuando comienzan a circular unas actas notariales que prueban la lucha del PCE y de Francisco Frutos por controlar la titularidad del negocio, así como la vinculación con varios representantes de Izquierda Unida.

FRUTOS Y LA PROPIEDAD Una de las pruebas presentadas, a las que ha tenido acceso este diario, es una carta firmada por Francisco Frutos el 15 de diciembre del 2003, en la que admite que "todas las personas físicas que han figurado y figuran en el accionariado de dichas sociedades han sido y son fiduciarias del PCE". Es decir, hombres de paja.

Los intentos de este diario por ponerse en contacto con Frutos no han dado resultado. Desde la dirección nacional del PCE, Ginés Fernández, responsable de Comunicación, confirma que este patrimonio no consta en los registros contables del partido. "Levantar ahora este tema del pasado es sólo una cuestión de despecho", asegura.

La Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), cuyo presidente es Francisco Frutos, ganó 4,6 millones de euros (775 millones de pesetas) en el 2004 al vender su parte del accionariado de Progea. Y el propio Frutos, en la Asamblea Provincial de Madrid celebrada ese mismo año, afirmó que tenía "775 millones de razones para hacer política".

Preguntado al respecto, Ginés Fernández recuerda que la FIM, como tal fundación, tiene personalidad jurídica propia. Y sobre el destino que se le ha dado a esos millones, dice "no tener constancia".

Las pruebas revelan que a lo largo del 2002 Francisco Frutos luchó por controlar este negocio. Y que el entonces secretario de Organización del PCE, Iván Álvarez, presionó a los socios para requerirles, ante notario, que entregaran sus acciones al PCE.

Incluso un bufete de abogados de Madrid admite en una misiva haber "recibido instrucciones del PCE para proceder judicialmente, ya que nuestro cliente considera que la condición de accionista y los cargos que usted ostenta (por Luján) se derivan de la condición de fiduciario".

Estas presiones derivaron en la división de Progea. Los fieles al PCE donaron sus acciones, que suponían el 40% del total, a la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), mientras que los detractores, con Luján a la cabeza, las donaron para crear la Fundación Progea y así salvarse de las presiones del partido.

Ya entonces, Carlos Luján y otros directivos pidieron a catorce miembros de la permanente del PCE que se manifestaran abiertamente sobre la propiedad de esas participaciones.

Pero ante su insistencia, el propio Frutos le contestó "estar al tanto de dichas operaciones sin que las mismas se pretendan efectuar al margen del verdadero propietario", es decir del partido. De hecho, siete meses más tarde, la nueva junta de la Fundación Progea --a espaldas de Luján-- adquiría las acciones de la FIM por 4,658 millones.