El aprendiz de blogger

La actuación, o mejor la pasividad del Gobierno de Aragón en los meses previos a la asunción de competencias y en el momento de recibirlas deja traslucir una falta total de iniciativa y planeamiento por parte de la DGA en los aspectos fundamentales de la prestación del servicio, contagiándose de la deficitaria gestión del Ministerio de Justicia en esta materia para con Aragón, producto de la negativa negociación de las transferencias que ha provocado que recibamos un montante económico sensiblemente inferior al necesario para cubrir todas carencias de la justicia en Aragón, que han ido creciendo por la falta de inversión del  Ministerio en los últimos años, y que ahora debería de asumir el gobierno autonómico. Es paradigmático que se reciben partidas en concepto de inversiones adicionales a las valoradas dentro del coste efectivo anual de similar montante que las negociadas con otras comunidades uniprovinciales y que cuentan con muchos menos órganos judiciales.
 Tampoco el gobierno de Aragón ha manifestado previsión alguna en relación a los reforzamientos de los servicios durante la Expo, y de la posibilidad de mantener un segundo Juzgado de Guardia en Zaragoza para después de la muestra. Esta cuestión es algo que debería haber negociado con anterioridad a la asunción de las competencias con el Ministerio, y no lo hizo, existiendo asimismo un doloroso agravio comparativo con lo que consiguieron ciudades como Sevilla o Barcelona en refuerzos judiciales que se mantuvieron más allá de la finalización de los eventos internacionales que organizaron dichas poblaciones. Todo ello hace cómplice al gobierno de Aragón de la falta de inversión del Ministerio de Justicia en Aragón.
 
Entre que el Ministerio ante el inminente traspaso decidió aminorar los costes del servicio y que el Gobierno de Aragón no ha tomado las riendas efectivas del traspaso, ni siquiera ha previsto su actuación, nos hemos encontrado con situaciones como la denunciada en varios medios de comunicación  sobre la falta de suministro de material de oficina a los órganos judiciales desde hace un tiempo, lo que evidencia, cuanto menos, una descoordinación entre los agentes competenciales, cedente y receptor.
En materia de personal el Gobierno de Aragón ha dilatado reuniones con los representantes de los trabajadores aduciendo que todavía no habían asumido las competencias, lo que evidencia otra vez su falta de previsión para haber comenzado conversaciones de fondo con sus nuevos funcionarios.
 
En materia de infraestructuras, tras la deficitaria negociación, parece apostarse por introducir el criterio del distrito judicial, y mantener la dispersión de órganos judiciales, en vez de concentrarlos en una localización única, más cómoda para todos: ciudadanos, profesionales y funcionarios, utilizando edificios históricos y catalogados sobre los que su intervención urbanística esta limitada propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza que debería renunciar a parte de su patrimonio , inadecuados para su uso administrativo, y sobre los que ya se había perfilado un uso para equipamientos culturales y sociales (filmoteca,, museo de la imprenta) de los que adolece el entorno donde se encuentran, el casco Histórico, perdiendo la oportunidad de acomodar la administración de justicia en Zaragoza en unas instalaciones de nueva planta modernas, funcionales, cómodas y seguras.
 
En este sentido el pasado mes de noviembre fue rechazada con los votos de PSOE, PAR e IU una moción del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza destinada a rechazar la ubicación de dependencias judiciales en esos edificios históricos, pese a las limitaciones que conllevan.
 Asimismo ya en el mes de septiembre Chunta Aragonesista planteó una moción en las Cortes de Aragón instando al Gobierno a preparar la asunción de las competencias sobre la Administración de justicia de una manera adecuada y solicitando una serie de previsiones al menos en materia de infraestructuras, medios personales y tecnológicos, oficina judicial, planta … que no fueron aprobados en el pleno, con lo que nos encontramos en la situación actual con las competencias asumidas pero con una falta de previsión y de iniciativa que nos hace dudar de la adecuada gestión por parte del Gobierno de Aragón  en esta materia.