destrucción de cientos de hectáreas de pastizales de alta montaña, la formación de escombreras,
entubado de ríos, construcción de viales y aparcamientos, líneas eléctricas y otras infraestructuras.
En ocasiones, los daños se han agravado por culpa de actuaciones técnicamente deficientes.
Estas obras se están produciendo sobre espacios naturales de alto valor y que fueron catalogados
hace unos 15 años para constituirse en Espacios Naturales Protegidos, para ser posteriormente
descatalogados. También se ha actuado sobre la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala. Se han
producido graves afecciones sobre el paisaje, la gea, la flora y la fauna; algunas de ellas
irreversibles.
Paralelamente, se ha producido un incremento notable en la construcción de viviendas de segunda
residencia, infraestructuras y servicios en los valles, aprovechando una coyuntura legal, económica
y política favorable. En algunos casos, se está urbanizando sobre espacios de la Red Natura 2.000,
los cuales también se verán afectados por las obras previstas en las ampliaciones de las estaciones
de Teruel.

Un porcentaje significativo de estas actuaciones está siendo promovido por la empresa ARAMÓN,
creada en 2002 y de la que el Gobierno de Aragón forma parte al 50 %, mientras que el otro 50%
corresponde a la entidad financiera Ibercaja. De este modo, el Gobierno autónomo se constituye
en “juez y parte” de proyectos urbanísticos especulativos en los que se recalifican terrenos y las
plusvalías se emplean para paliar las pérdidas económicas de las estaciones de esquí.
En la actualidad, ARAMÓN está manejando presupuestos de cientos de millones de euros anuales.
Entre 2005 y 2009, ARAMÓN gastará casi 300 millones de euros, cifra parecida a lo que recibirá
Aragón de los Fondos estructurales de Europa en el periodo 2007-2013 (315 millones de euros).
Dinero público que, sin embargo, está siendo gestionado con una dudosa transparencia y una ética
discutible, con el resultado de que las pérdidas económicas se socializan y las ganancias es
privatizan. Una de las situaciones más irregulares se está dando en el municipio de Montanuy, en
el que se el ayuntamiento está redactando un Plan General de Ordenación Urbana adaptado a las
exigencias de ARAMÓN.
Poco a poco se ha ido poniendo de manifiesto que las actuaciones de ARAMÓN no tienen tanto que
ver con el esquí (comprometido a medio plazo por el calentamiento global) como con al
especulación urbanística. El último capítulo de esta historia que aún está abierta es el proyecto de
construir varios campos de golf en al Ribagorza, así como nuevas urbanizaciones e
infraestructuras.

El presente estudio pone de manifiesto la falsedad de algunos mitos como el de la fijación de
población gracias al binomio esquí-construcción. A modo de ejemplo, el municipio de Biescas ha
crecido en 73 vecinos en el período 1991-2001, mientras su parque inmobiliario aumentaba en 994
viviendas. La cifra sería todavía más llamativa si descontáramos la gran cantidad de
empadronamientos fraudulentos que se están produciendo, a veces para conseguir cambios
políticos en los ayuntamientos.
Finalmente, hay que señalar la falta de transparencia por parte del Gobierno de Aragón que ha
llegado a imposibilitar el acceso a información ambiental y cuyos partidos integrantes (PSOE y
PAR) han sido los principales responsables de la negativa de las Cortes de Aragón a tramitar una
Iniciativa Legislativa Popular que contaba con el aval de 30.000 firmas (el doble del mínimo legal).
El Gobierno de Aragón no sólo ha incumplido su promesa electoral de promulgar una Ley de la
Montaña, sino que además está renunciado a su obligación legal de ejercer como moderador en la
ordenación del territorio. En vez de fomentar el potencial económico sostenible que representa la
montaña, su Presidente, Sr. Marcelino Iglesias ha llegado a ridiculizar públicamente iniciativas
alternativas como la producción de alimentos de calidad.
En resumen, con la excusa del esquí, se está produciendo un deterioro irreversible del Pirineo
Aragonés, tanto en lo ambiental como en lo socioeconómico, con la agravante de que el Gobierno
de Aragón, no sólo no está modulando las demandas de un mercado insaciable, sino que está
participando activamente en los movimientos especulativos a través de su empresa ARAMÓN.